Posibilidad de actuaciones ante grandes corporaciones o la administración

En los últimos meses se han publicado más de seis libros (que haya podido detectar) que tratan de la corrupción y la prevaricación en España, tanto por parte de jueces como de funcionarios de la Administración.

En cinco casos en los que he presentado reclamaciones ante las administraciones públicas, siempre se han posicionado del lado de la banca o de las grandes corporaciones, tanto por acción como por omisión.

Me interesaría conocer la opinión de un bufete profesional respecto de las posibilidades de obtener resoluciones justas recurriendo a la vía judicial. La casuística en esta consulta no tiene importancia. La consulta hace referencia a las probabilidades reales, actualmente, si se procede por vía judicial, contra grandes empresas o la propia Administración.

Las reclamaciones efectuadas y que hemos mencionado, procuraban justicia ante situaciones muy claras y, los resultados obtenidos, dejaban en evidencia que, por la vía del derecho y la justicia, eran incontestables. En consecuencia, las respuestas obtenidas iban desde «el silencio administrativo» a la derivación a la vía judicial o a argucias del tipo «tiene verdad. Razón pero, no tenemos obligación de actuar».

Han estado implicados en estos casos, el Ministerio de Industria, Agencia de Protección de Datos o el Banco de España, fundamentalmente.

Entre los casos planteados, se incluían cuestiones tan elementales como el derecho a disponer de una copia de contrato, de la copia de una grabación de respaldo en una solicitud de alta, o actuaciones claramente fraudulentas que pretendían la aceptación a unas condiciones de servicio que no se habían documentado y al acuse de recibo de dichas condiciones, cuando nunca habían sido remitidas.

Todos casos en los que no había defensa posible y en los que, la única manera de escapar a la justicia, era contar con la connivencia de las autoridades competentes en esas cuestiones.

Subrayo que no pretendo un posicionamiento sobre los casos concretos porque, para ello, sería necesario que dispusieran de la información detallada de cada uno de ellos.

Se trata de conocer la «temperatura» de la situación jurídica actual, a la hora de valorar las probabilidades, si se decide recurrir a esa vía: de la lectura de los libros mencionados, se deduciría «a boleo» que, lo mejor, es ni intentarlo.

En caso de que su punto de vista se inclinara por seguir intentando que se haga justicia (es muy duro hacer esta consulta a un bufete de abogados) les rogaría que me dieran instrucciones sobre la mejor forma de proceder para contar con su asesoramiento.

Adolfo